La pandemia del covid-19 nos ha puesto, de repente, ante un nuevo modelo de convivencia social e institucional.
Se podría decir que la situación es excepcional, no solo porque hay un decreto que lo bautiza como estado de alerta sanitaria, sino porque lo que se pone a prueba es la vida social y las formas de convivencia, en primer lugar. Las políticas públicas y su capacidad para responder con los recursos del Estado y el ordenamiento jurídico, en segundo lugar, y también los modos de comunicación políticos, en tercer lugar.
En cuanto a lo social, es evidente que la pandemia nos somete a varias pruebas de estrés. El confinamiento y las limitaciones de movilidad son esencialmente lo contrario a cómo desarrollamos normalmente nuestras vidas. De hecho, salir de casa es, para muchos ciudadanos, un modo de mantener unas relaciones saludables, en el trabajo, en casa o en donde desarrollemos actividades cotidianas.
La información verbal apenas supone un 7% del potencial comunicativo, la sonora puede alcanzar hasta un 38% pero la visual o la información no verbal, la corporal, supone el 55% de la comunicación.
La reducción de la comunicación a las formas virtuales es también, un modo de reducción del contenido de la información. Además, las hace depender de cierto tipo de competencias que, de carecer alguna de ellas, la comunicación queda reducida significativamente.
Por ejemplo, no tener habilidades digitales básicas, como no saber manejar un teclado de ordenador o no entender qué es un buscador de información, puede ser tan frustrante para llevar a cabo funciones básicas como recibir clases on line para los alumnos que no pueden asistir al colegio.
Damos por sentado mucha alfabetización digital que no es, ni por asomo, lo más común. Siendo más lógico sostener una definición de analfabetismo funcional tecnológico. No ya de los alumnos, incluso de los alumnos familiarizados con las TICs, sino de sus padres que no alcanzan a distinguir qué es una fuente fiable para hacer unos deberes o dónde buscar información adecuada para la edad y los objetivos de aprendizaje de sus hijos.
En Castilla-La Mancha existe una importante brecha digital, tanto tecnológica como cultural.
Con eso quiero decir, que hay dificultades significativas de la calidad de las comunicaciones debido a la dispersión poblacional y la antigüedad de las instalaciones. También, el envejecimiento de la población y el despoblamiento ha aumentado la incomunicación de una importantísima franja de población demandante de servicios sociales y asistenciales en general.
Para ellos, sus derechos a los servicios básicos son menos percibidos y su dependencia del contacto físico y de la cercanía humana es mayor que en las ciudades.
Todo ello unido, nos dibuja un panorama muy complicado en medio de un escenario de confinamiento y pone a prueba la capacidad del sistema para dar respuesta adecuada a cada uno de los colectivos sociales afectados.
No es, por tanto, solo un problema de política pública, sino también de coordinación interinstitucional para poder adaptar las medidas generales a los contextos particulares.
No es una situación habitual, ni se pueden manejar ni los tiempos ni los plazos habituales. La urgencia con la que hacemos frente a este problema de salud hace que las administraciones, todas sin excepción, paguen un alto precio de estrés en los procesos de toma de decisiones.
La comunicación política forma parte del problema, porque la capacidad de actuar queda debilitada ante las fidelidades y las interpretaciones de los mediadores sociales. Sean líderes de partidos políticos o dirigentes, determinadas editoriales de prensa o de instituciones con capacidad jurídica autónoma, universidades, diputaciones, etc.
La crítica entorpece los procesos de comunicación entre los órganos que toman las decisiones y los sujetos que han de ejecutar las mismas.
En Castilla-La Mancha es la disposición con la que municipios y empresas con capacidad para producir y confeccionar material sanitario, especialmente mascarillas.
Esto es un claro síntoma del efecto social que actúa como revulsivo ante la adversidad y la dificultad del abastecimiento de esos materiales.
La crítica no es el problema, el problema es el modo y el oportunismo con el que se realizan.
Si la crítica no busca una solución sino evidenciar los defectos del sistema, no es crítica sino denuncia. Y en este asunto de gestión de recursos públicos escasos, nadie está libre para tirar la primera piedra.
A medida que avanzan los días, todos, los ciudadanos y ciudadanas, las empresas, las instituciones. Los niños y niñas que estudian desde casa, los que practican el teletrabajo y los autónomos, transportistas o trabajadores de supermercados, van asumiendo un papel más específico y responsable.
El ruido que fluye en las redes es mayor, porque la contención física del confinamiento forzado es contracultural, especialmente para los pueblos más habituados a la vida social, como los pueblos mediterráneos.
Todo esto que estamos viviendo pondrá de relieve nuestras debilidades y fortalezas. Y aunque venceremos a la enfermedad, tendremos que hacer cuentas de cómo debemos estar preparados para cuando se produzca la siguiente emergencia. Venga de una epidemia, de un desastre ecológico o de cualquier otra causa mayor que atente a la vida humana.
Tendremos que ver dónde estaban los amigos, las piezas del sistema que se aflojaron o los déficits más importantes. Tendremos que pensar como humanidad, más que como oportunistas ávidos de negocio. Tendremos que repensar el modo en que tratamos a nuestros mayores. La importancia de los servicios sociales y las asistencias a domicilio.
El precio que vamos a pagar por nuestras debilidades es alto, pero el aprendizaje para mejorar como sociedad debe serlo también.
Sapere Aude 